“Te voy a matar y nadie se dará cuenta dónde te voy a enterrar”: Funcionario salvadoreño a expareja

Por Carmen Rodríguez

Según documentos del Juzgado de Instrucción Especializado para una Vida Libre de Violencia y del Juzgado de Paz de Colón, La Libertad, en poder de esta redacción, así amenazó Ernesto Sanabria, actual funcionario de Casa Presidencial de El Salvador, a una expareja, con la que estuvo involucrado sentimentalmente en entre 2017 y 2018. 

Pese a estar siendo juzgado por dichos delitos de violencia contra la mujer, y aunque está contradiciendo la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer (LEIV), Sanabria es el secretario de prensa de la Presidencia salvadoreña.

Según un juez especializado de San Salvador, la LEIV, no contempla ningún tipo de fuero que exima de las acciones penales o civiles a los funcionarios públicos que cometan violaciones de los derechos de la mujer, sea o no de alto rango.

Sin embargo, explicó que cualquier persona que pretenda ocupar un alto cargo, en las instituciones del Estado salvadoreño deben cumplir ciertos requisitos, entre estos “moralidad notoria”, que incluye, no tener ningún proceso pendiente con la justicia. Los documentos fiscales dan cuenta de dos procesos que aún están en desarrollo en contra del secretario de Comunicaciones de la Presidencia.

Pero, Sanabria no solo está desafiando esta normativa. El artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, ratificada por El Salvador, dice que el Estado debe condenar “todas las formas de violencia contra la mujer y debe adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, lo siguiente: 

Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes se comporten de conformidad a esta obligación”. 

Nadie ha denunciado

Los casos continúan abiertos en el Juzgado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer y en un Juzgado de Paz, de La Libertad. Empero, a la fecha, ninguna autoridad correspondiente dio aviso sobre estos hechos, tal y como lo establece la ley, antes que Sanabria fuera nombrado al frente de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

A decir de la abogada Silvia Juárez, el permitir el ejercicio de sus funciones como Secretario de Prensa, sin prestar fiel cumplimiento a la mencionada disposición internacional, el Gobierno Salvadoreño no solo está faltando a sus compromisos sino que está alentando a la impunidad de los victimarios en el cometimiento de este tipo de delitos contra la mujer.

Ernesto Sanabria, fue denunciado por su expareja por violencia física, psicológica y amenazas, en 2018, mientras se desarrollaba la campaña electoral en el país, previo a las elecciones presidenciales pasadas.

Juárez, especialista legal en el tema de Derechos de la Mujer, dice que la interpretación del artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, determina que los primeros que deben cumplir las leyes para la protección de los derechos de las mujeres son los funcionarios públicos. “Ellos están obligados”, apunta.

“Él (Sanabria) está inclumpliendo con la disposición de la LEIV y de esta Convención. Es un funcionario de alto rango porque es el vocero que facilita las comunicaciones y el enfoque del gobierno con los medios de comunicación. En mi opinión, él no debería estar ahí”, dijo Juárez.

Mal social endémico

El año pasado, en El Salvador, la Unidad Antipandillas y de Delitos de Homicidios de la Fiscalía reportó que encontró 96 cementerios clandestinos en el país, con unas 139 fosas. A diario, muchas personas son reportadas como desaparecidas y son encontradas sin vida en lugares como estos. Entre los cuerpos que las autoridades encuentran, también están los de mujeres que han sido asesinadas en actos de violencia que son reportados como crímenes de pandillas.

Voz de la Diáspora solicitó un comentario al respecto de este tema al secretario de Comunicaciones, el 2 de enero pasado. Al cierre de la edición de esta publicación, el mensaje enviado al teléfono institucional de Sanabria no tuvo respuesta.

“Yo compro la justicia”

De acuerdo a los documentos judiciales del caso, que contiene el testimonio de la expareja de Sanabria, los problemas entre ambos comenzaron en 2017. Sin embargo, en 2018 la violencia familiar escaló niveles más altos, pues “él siempre se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol”.

Una noche de febrero -según el relato de los hechos- Sanabria “llegó a la casa, a insultarla frente a sus hijas y le dice, sos una puta… me estás engañando. Ella se fue a la terraza, porque él no le quería dar el teléfono y lo quería para llamar a la policía”.

Entonces -continúa el relato- “la agarró del cuello, cuando ella trató de defenderse y le daba golpes en la cabeza y le dijo: te voy a matar y nadie se dará cuenta dónde te voy a enterrar”, después, él se fue de la casa, antes que llegara la policía.

Un mes después de este incidente -dicen los documentos judiciales- Sanabria solicitó en un juzgado de paz, que desalojaran a su expareja de la vivienda donde habían estado juntos. Pero además, las agresiones continuaron mediante llamadas telefónicas y mensaje de texto, en los que además, se encargaba de recordarle su posición de poder.

“Le dijo que él puede comprar la justicia en el país y que la puede hacer mierda. Y le dijo: si no te he mandado a matar, es porque el primer sospechoso voy a ser yo. Aseguró -la víctima en su relato- que por su casa pasa un vehículo y en razón de lo manifestado por él, que la mataría, se siente atemorizada, no puede dormir”, se lee en el expediente judicial.

La denuncia por violencia contra Sanabria, no sólo fue conocida por la Fiscalía. Además, la Policía Nacional Civil, fue notificada, pues la víctima recibió medidas de protección. Según la abogada Juárez, el mensaje que envía el gobierno al tener a una persona señalada por agresiones y violencia contra la mujer es de tolerancia a este problema.

“Se ha advertido en otros casos como este, de que se manda un mensaje de tolerancia a la impunidad en el país. El Estado salvadoreño es tolerante con la impunidad”, dijo Juárez.

Por su parte, el juez, considera que los casos como este, en los que funcionarios o empleados públicos tienen procesos pendientes o abiertos en los tribunales del país, deben ser tratados por el Tribunal de Ética Gubernamental, para que se haga cumplir con la ley.

Julia Evelyn Martínez, experta en el tema y exdirectora del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, explica que el país tiene los índices más altos de feminicidios en Latinoamérica y que es “extremadamente grave” que una persona que hace este tipo de amenazas ocupe un cargo público importante en el Gobierno.

«Cuando un funcionario público amenaza a una mujer, solo por el hecho de que lo haga, el mensaje que está enviando es sumamente grave. No solo porque esta reforzando un mensaje de odio hacia la mujer, sino porque también se está reforzando la impunidad en el país que se está reforzando desde el Estado”, dijo Martínez.

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