Simulación vs participación: visibilicemos la violencia política contra las mujeres

Paola Molina Noguera, Co-Fundadora de Todas con Voz

La costumbre se hace uso cuando carecemos de marcos legales o castigos a delitos que son recurrentes, pero que pocos levantan la voz para cambiar la historia.

Se ha hecho común que cuando vivimos los procesos electorales se evidencie la profunda discriminación que existe hacia las mujeres en razón de género, a la hora de acceder a cargos de elección popular o durante los tiempos de campaña electoral. Sin embargo, los derechos políticos de las mujeres están contemplados en los tratados internacionales, así como en las constituciones de los diferentes países.

Por ejemplo, la Cedaw (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) establece que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres. La Convención Belem do Pará determina el derecho que tienen las mujeres a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

La inclusión de mujeres en la esfera pública ha estado cargada de simulación, es común presenciar el registro de mujeres a candidaturas que luego renuncian para que sean ocupadas por un hombre, procesos ficticios de selección dentro de los partidos políticos, registro de mujeres en distritos que no son ganadores, ubicadas en puestos no salidores de las listas plurinominales, sin contar las amenazas que sufren, expuestas a violencia física y psicológica, se subestiman sus capacidades con base en estereotipos y se descalifican sus propuestas.

Una de las empresarias cubre el micrófono con la mano mientras consulta a su colega o delegado.

ONU mujeres muestra un estudio de 2016 sobre el sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres en los parlamentos, realizado en 39 países de cinco regiones y 42 parlamentos, el cual reflejó que: “el 81,8 por ciento de las mujeres había sufrido violencia psicológica; el 46,7 por ciento tenía miedo por su seguridad y la de su familia; el 44,4 por ciento había recibido amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro; el 25,5 por ciento había sufrido violencia física en el parlamento, estas cifras dan cuenta de un estado de vulnerabilidad y desprotección al que están expuestas las mujeres que participan en política”.

México en este 2020 dio un paso adelante en esta materia con la incorporación de nuevas disposiciones de la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y donde se tipifican como delito todas las formas que pueden recibir las mujeres como agresión política.

Consiste en una reforma de tipo transversal porque tiene como objetivo abordar el problema de la violencia política desde diversas perspectivas y abarca la modificación de ocho leyes como son: la general de Instituciones y Procedimientos Electorales, la general del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la General de Partidos Políticos, la General en Materia de Delitos Electorales, la de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial de la Federación y la de Responsabilidades Administrativas.

En el caso de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece un procedimiento administrativo sancionador que va a contar con la intervención del INE y la Sala Especializada del Tribunal Electoral Federal.

Estas modificaciones a nivel legislativo buscan que se reconozca y se garantice el goce y disfrute de los derechos políticos y electorales de las mujeres, la batalla estará ganada cuando en la acción y la operación se respete lo establecido en la ley. En el caso de los partidos políticos que incumplan con lo establecido en las nuevas reformas, corren el riesgo de perder su registro y quienes cuenten con una candidatura y menoscaben estos principios, pueden perderla.

La discriminación de las mujeres en el acceso al poder o a los cargos de decisión es un precio que paga toda la sociedad, por eso, necesitamos más mujeres haciendo política pública, más en los parlamentos legislando a favor de las causas del género, porque una participación más equitativa es un camino para la erradicación de las diferentes formas de violencia que nos afectan a todas.

Paola Molina Noguera, Co-Fundadora de Todas con Voz.