Ley de protección de los periodistas… ¡En la otra esquina!

Por Guillermo Mejía

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y resulta oportuno denunciar la negativa de los diputados de la Asamblea Legislativa saliente a aprobar la tan necesaria ley especial para proteger a periodistas, comunicadores y trabajadores de la comunicación y la información que duerme el sueño de los justos a pesar de las dificultades que se afronta en el ejercicio de la profesión periodística.

La comisión legislativa encargada del estudio y dictamen del anteproyecto al final se tiró la pelota sin que se concretara el esfuerzo del gremio de prensa, con lo que se demostró no solo el menosprecio hacia tan importante trabajo en función social, sino que en el país se imponen intereses particulares de políticos y mercaderes que hacen usufructo del derecho a la comunicación e información.

Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de ese instrumento titulado Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información.

Reza el anteproyecto que a los periodistas se les busca “garantizar su prevención, protección y resguardo ante cualquier tipo de vulneración, agresión o atentado que ponga en riesgo su vida, integridad, seguridad y goce de sus derechos relacionados al ejercicio de la labor periodística o comunicacional”, en un contexto en que reina la tirantez en las relaciones de parte de la prensa con el gobierno de turno.

Es obvio, sin embargo, el conflicto de interés que sufren los políticos de los diferentes partidos, para quienes es mejor tener un cuerpo de prensa desprotegido y a expensas del vaivén de decisiones corporativas –en sintonía con los que ejercen el poder- que una prensa que demande acceso a la información pública y devele los entretelones de los gobernantes de turno.

Es de señalar que muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.

“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.

En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.

Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables. El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.

Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.

La sociedad salvadoreña no puede caer en el espejismo que porque algunos medios de comunicación social tradicionales están en abierto conflicto con el gobierno de turno significa a todas luces que el ejercicio profesional del periodismo ha mejorado. En la mayoría de casos son más bien expresiones políticas de intereses corporativos que jalan agua para sus propios molinos. Sin duda, en menor cuantía, hay que destacar también que existen algunos espacios informativos que trabajan fuera de esa lógica del poder.   

Ante las actuales circunstancias en que se ve inmersa la actividad periodística hay que insistir en la necesidad de la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.

Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.

La otra deuda de los diputados salientes es la no aprobación de la ley referida a la creación de los medios públicos, cuyo anteproyecto fue presentado durante el primer gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque resultó irónico y trágico que esa “idea subversiva” también era temida al interior del gobierno de Mauricio Funes porque necesariamente podría empoderar a la ciudadanía. Qué vergonzantes.

Mejor una sociedad mansa y más si esa sociedad es mensa. Con lo que se puede advertir el menosprecio al derecho ciudadano por parte de los políticos, sin importar sus posturas ideológicas, al grado que -en lugar de medios públicos- el gobierno de Nayib Bukele optó por remozar el canal 10 y creó el Diario El Salvador, con fondos públicos, para enfilarlos en su ofensiva mediática. Qué oportunistas.   

También hay que decir que en el pleito de los diputados con Bukele, la Asamblea Legislativa saliente sacó un informe sobre los ataques del gobierno a los medios y a los periodistas, luego del trabajo de una comisión especial que documentó algunas quejas de los colegas. Claro, una medida política coyuntural, ya que, al final, ni la ley especial de protección a los periodistas ni la de creación de medios públicos fueron aprobadas. Qué mezquinos.

En síntesis, ni los políticos, ni las corporaciones están interesados en ese tipo de esfuerzos que irían en beneficio de los periodistas y ciudadanía en general, y si a la Asamblea Legislativa saliente le temblaron las manos para promulgar esas leyes tan importantes y necesarias, pues la nueva Asamblea Legislativa -a la orden de Bukele- ni en sueños se echará ese trompo a la uña.

Pasa como en el juego de antaño “cuartillo de aceite”… ¡En la otra esquina!