Who is more hackneyed in El Salvador: law or childhood?

La controversia y la indignación pública continúa en El Salvador por el supuesto tocamiento sexual que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia hiciera a una menor de edad. photo VD: Marlon Hernandez.
By Alejandra Salcedo

Las leyes en El Salvador son letra muerta, They are accommodated craving, as the case warrants, and if it is to benefit officials, no way.

In other countries, la redacción del Código Penal y las figuras jurídicas están bien claras y explicadas para que no quede un mínimo de oportunidad a interpretaciones ambiguas, pero la redacción de la leyes en la Asamblea Legislativa dejan grandes dudas en la tipicidad de los delitos. Detalles que deberían ser solucionados a la brevedad.

En Canadá, Estados Unidos o República Dominicana, for example, la legislación que protege los derechos de los niños tiene mínimos o nulos espacios para que las leyes no sean manoseadas, como lo hacen los pedófilos y abusadores con un menor.

La semana pasada, la Cámara Primera de lo Penal de El Salvador falló en el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante, acusado de tocar los genitales a una niña de 10 years, in February.

En la resolución se estipuló, que tocar a la menor no era ‘delito’, sino una ‘falta’, lo cual ha levantado indignación social.

De estos casos están plagados los tribunales, la diferencia es que este ha sido sumamente mediático porque el acusado es un administrador de justicia.

La Cámara, en un comunicado extendido el lunes, justifica su resolución, rechazando los señalamientos y advirtiéndole a la población que documentará los hechos que «han acaecido desde el pasado jueves 31 de octubre… por considerar que dichos actos constituyen una interferencia a la actividad judicial”.

Cuando se habla de la tipicidad de un delito, se debe tener claro que los hechos deben encajar perfectamente en el artículo bajo el cual el Ministerio Público ha demandado, y en este caso, la Fiscalía lo hizo amparándose en el artículo 161 the Penal Code.

El artículo considera la figura de la agresión sexual en menor e incapaz “realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con una pena de ocho a doce años”.

But, la Cámara no basó su resolución en este, y eliminó la posibilidad de encajar la situación de la víctima en el enunciado citado arriba: “incapacidad de resistir”. De tal manera que, esta insuficiencia de ley se ha prestado para proteger más al acusado que a la menor.

Según la sentencia entregada este miércoles al Ministerio Público, la declaración de la niña dice que el hecho fueinstantáneoy se produjosobre la ropa”, lo cualno permiten calificarlos con la gravedad y transcendencia necesaria para ser constitutiva del tipo penal invocado”.

Para tipificar la conducta del funcionario, la Cámara se basó en el artículo 392 que aborda los actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público, y en el inciso 4 points, “el que aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por las calles o lugares públicos, realizare tocamientos impúdicos” será sancionado con 10 a 30 días multa.

A pesar de que el Código Penal tiene esas insuficiencias jurídicas, la Cámara también pudo tomar en cuenta la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), cuya redacción es bastante clara y explicativa en detallar los derechos de los menores. But nevertheless, la pasó por alto.

Legislación en otros países

Lo curioso es que mientras continúa el debate, la ley se sigue manoseando y lo que en El Salvador se considera una “falta”, en el mundo entero es “delito”.

El Código Penal de países como Canadá, Estados Unidos y República Dominicana, no da margen de manipulación.

En Canadá por ejemplo, la interferencia sexual es un crimen federal y el Código Penal en el artículo 151 es claro en determinar que es culpable “toda persona que, con fines sexuales, toca, directa o indirectamente, con una parte del cuerpo o con un objeto, cualquier parte del cuerpo de una persona menor de 16 years".

El artículo explica que hay dos formas de ser culpable, “por delito procesable y puede ser encarcelado por un período no mayor de 14 años y un castigo mínimo de prisión por un año”. Y la otra, por “delito punible con condena sumaria y puede ser encarcelado por un período de no más de dos años menos un día, y un castigo mínimo de prisión por un período de 90 días”.

El Título 18 del Código de Estados Unidos recoge la tipicidad de los delitos y sus penas a escala federal. De acuerdo con el Código Criminal en la Parte I, crimes, Capítulo 110, Explotación sexual y otros abusos de niños, Sección 2251, Explotación sexual de niños, en el inciso E se estipula que “cualquier persona que viole, o intente o conspire violar, esta sección será multada bajo este título y encarcelada no menos de 15 años ni más de 30 years, pero si esa persona tiene una condena previa bajo este capítulo… o bajo las leyes de cualquier Estado relacionadas con abuso sexual agravado, abuso sexual, contacto sexual abusivo que involucra un menor o pupilo, o tráfico sexual de niños, o la producción, posesión, recibo, envío por correo, venta, distribución, envío o transporte de pornografía infantil, dicha persona será multada bajo este título y encarcelada por no menos de 25 años ni más de 50 años…”.

En República Dominicana, la pena para este delito no es tan alta como en Estados Unidos. El Código Penal dominicano en su artículo 333 ordena que “toda agresión sexual que no constituye una violación, se castiga con prisión de cinco años y multa de cincuenta mil pesos”. But, cuando la agresión sexual la comete “una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones”, la pena es de diez años y la multa de 100 mil pesos dominicanos, que equivalen a 2 one thousand dollars.

In El Salvador, con el caso del magistrado Escalante se ha puesto de manifiesto la deficiencia en la ley, competencia absoluta de la Asamblea Legislativa, la cual tendría que ser revisada a la brevedad posible, de lo contrario seguirá siendo manoseada al antojo de cualquiera, dando paso a la corrupción.

En unos días, un tribunal de Paz conocerá el caso y determinará si el administrador de justicia es o no culpable de la ‘falta’ que se le imputa. Las pruebas que presente el ministerio público serán clave para que no se caiga el proceso, como ha pasado innumerables veces.

La Fiscalía tiene cinco días para apelar la decisión. La Sala de lo Penal es la única con poder para revertir el fallo de la Cámara.

La Sala ya ha dictaminado a favor de las víctimas en casos similares que no han sido mediáticos, y donde no están involucrados funcionarios públicos.

Leave a reply

Write your comment!
Enter your Name