They condemn the refusal of the Salvadoran Army to show their files

The Army refused to provide the files. Photography: El Mundo newspaper.
By Alberto Barrera

La negativa a que un juez tuviera acceso a los archivos de la fuerza armada de El Salvador y determinara la responsabilidad de oficiales y tropas en la matanza de unas 1,000 people in El Mozote and surrounding places in December 1981, at the beginning of the brutal civil war, provocó condenas y denuncias internacionales.

El juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, llegó el lunes a la sede el Alto Mando del ejército en el afán de revisar el registro militar, pero el jefe de Asuntos Jurídicos del ministerio de Defensa, coronel Carlos Vanegas, le negó al paso a las instalaciones argumentando un artículo de la Constitución que prohíbe “la revelación de los planes secretos”.

Ejército de El Salvador. Photography: Twitter

Luego de charlar con el oficial, el juez se retiró y posteriormente le pidió al presidente Bukele que explique la negativa a la inspección y registro de los archivos militares. Fijó un plazo de cinco días para su respuesta y luego dio a conocer que el 5 de octubre de este año iniciaría el proceso de seis semanas revisando archivos en el Alto Mando y otras unidades del ejército involucradas en la horrorosa matanza de civiles.

Tras el desacato de la Fuerza Armada, diversas organizaciones nacionales, internacionales e influyentes congresistas estadounidenses cuestionaron al presidente Nayib Bukele.

El congresista demócrata Jim McGovern aludió en Twitter la masacre y resaltó que se realizaría una inspección de los archivos, pero que el juez y otros inspectores no pudieron entrar. En la misma red le preguntó al presidente Nayib Bukele: “¿protegerá a los militares de una investigación criminal? ¿O les ordenará cumplir con la orden de un juez y abrir los archivos para investigar la masacre de El Mozote? La elección es suya. Las familias de las víctimas merecen verdad y justicia”.

Meanwhile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (whence) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron el bloqueo y dijeron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a El Salvador “adoptar medidas para garantizar el acceso a los archivos útiles a la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, con el fin de asegurar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad”.

Congresista de Estados Unidos, Jim McGovern. Photography: Twitter

Ambas instituciones, que están adscritas a la Organización de los Estados Americanos (OAS), exhortaron a El Salvador a cumplir las decisiones de la justicia y garantizar “el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales”.

La masacre –la mitad niños- fue ejecutada por al menos 1,000 soldados del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl con apoyo de la Fuerza Aérea entre el 10 and the 13 from December to 1981, como parte de una amplia operación militar en el departamento de Morazán, al noreste del país, en donde se movilizaba la guerrilla izquierdista.

Los miembros del Batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos en técnicas contrainsurgentes, buscaban campos de entrenamientos rebeldes al inicio de la guerra que entre 1980 Y 1992 cobró unas 75,000 vidas. “Los soldados ingresaron en las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres y los ejecutaron”, dice un reporte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La Fiscalía publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró que “se está dictando una resolución para pedir un informe para que se exprese no sólo quién dio la orden y los motivos para impedirlo”.

El Diario de Hoy citó al coordinador del equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Arnau Baulenas, quien aseguró que la negativa constituye un “grave retroceso democrático”, ya que se muestra a “un militar negándose a cumplir una orden de un juez (what) no debería suceder en 2020. El gobierno de Bukele demuestra que actúa igual que los anteriores gobiernos”.

Baulenas recordó que en noviembre del año pasado, Bukele prometió abrir los archivos. “Si el juez nos pide abrir (los archivos) de la A a la F, nosotros vamos a la Z sin necesidad de orden judicial. Nosotros hemos estado por reivindicar los derechos de las víctimas”, He said.

Presidente Nayib Bukele. Photography: Twitter

El presidente Bukele ha guardado silencio sobre el tema.

El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, aseguró que “el señor presidente está cumpliendo con lo que prometió. Nosotros no hemos negado la información cada vez que se nos requiere referente a ese caso…”, pero no respondió al bloqueo al juez para que ingresara, aunque luego titubeante sostuvo que “seguimos respetuosos de la constitución”.