Bukele asegura “nos arrinconan y solo nos dejan una opción” en materia de seguridad

Por Yaneth Estrada

El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), Mauricio Arriaza Chicas confirmó la muerte de 23 miembros de la corporación en los últimos días, tras emboscadas y ataques de grupos criminales.

“El presidente ha sido bien claro, nosotros nos vamos a dedicar a la prevención y ustedes dedíquense a la represión, es la línea 2 del Plan de Seguridad Pública Cuscatlán”, dijo Arriza Chicas.

Luego de que un policía resultara lesionado la noche de este martes en el departamento de Santa Ana, el presidente Nayib Bukele confirmó que no habrá “tregua”.

“Acaban de lesionar a otro agente de la PNC, dos impactos en el abdomen. Lastimosamente, nos arrinconan y solo nos dejan con una opción”, agregó Bukele en redes sociales.

La figura de una “tregua” entre gobierno y pandillas, surgió con el ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) para reducir el número de asesinatos, llevando beneficios a los centros penales y a líderes de grupos criminales. Por esta figura, actualmente existe una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, el ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas presentó ayer un aviso a la FGR, por posible financiamiento de dos altos dirigentes del FMLN a pandillas.

También, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado lunes, el Comisionado Presidencial para Asuntos Estratégicos, Luis Rodríguez comentó que ya están trabajando en la elaboración de una propuesta a nivel de seguridad pública. Además la semana pasada se tuvo una reunión de emergencia con el gabinete de seguridad por el mismo tema, que abrió la posibilidad de reactivar el Grupo de Reacción Policial (GRP), creado en 1994, con apoyo de Estados Unidos y conformado por aproximadamente 90 elementos de la PNC.

En febrero de 2018 se ordenó la eliminación del grupo élite debido a la implicación en el asesinato de la policía Karla Ayala en diciembre de 2017, cuando asistía a una fiesta navideña organizada por el GRP. Por otra parte, en el 2016 una investigación fiscal determinó que un grupo de policías del GRP actuaba al margen de la ley, cometiendo ejecuciones extrajudiciales contra pandilleros.

Las reacciones y análisis

Sin embargo, en el área de seguridad existen datos importantes, como la crítica del Instituto de Derechos Humanos de la UCA IDHUCA hacia los recién nombrados dirigentes (Arrizas Chicas en la PNC, Ennio Rivera Aguilar, viceministro de defensa y Osiris Luna, director de Centros Penales) vinculados a masacres en la pasada guerra civil, graves violaciones a derechos humanos, asesinato de la policía Karla Ayala, ejecuciones extrajudiciales y apoyo a la pena de muerte.

De esto, queda evidencia internacional, ya que este miércoles 12 de junio, la CIDH otorgó medidas cautelares (No. 28/2019) a favor de una víctima que fue privada de libertad por miembros de la PNC, torturada, y a la cual le prendieron fuego y posteriormente lanzaron en un cañal.

Además, en conferencia de prensa, José María Tojeira, director del IDHUCA ratificó que “Mauricio Arriaza no es el más indicado para dirigir la PNC, ya que pertenece a las promociones iniciales de la policía que no han tenido éxito en la función pública. Igualmente, tiene vínculos con diferentes grupos relacionados con ejecuciones extrajudiciales”.

Mientras tanto, Arnau Baulenas, coordinador jurídico del IDHUCA, mencionó que algunos de los casos de ejecuciones extrajudiciales fueron cometidos por unidades especializadas de la PNC, que eran supervisadas por Arriaza Chicas. Entre los más sonados están el asesinato de la agente Karla Ayala y la masacre de San Blas en Zaragoza.

Y recordó que fue descubierto un escuadrón de la muerte dentro de la policía, cuyos miembros se coordinaban a través de grupos de “WhatsApp”. “En ese caso estuvo directamente relacionado el comisionado Arriaza Chicas, porque era una unidad a cargo de él”, concluyó el abogado.

Otro nombramiento que fue rechazado por el IDHUCA es el del diputado Osiris Luna, como director de centros penales y también el del viceministro de defensa Ennio Rivera Aguilar, quien fue defensor de los militares procesados por la masacre de El Mozote.