Arremetida contra la Constitucionalidad

Foto: Cortesía.

Por Celia Medrano

El Salvador – Para quienes aún tuvieran dudas de las consecuencias de dar más poder a los que ya lo tenían o para quienes aún esperan acciones cometidas desde un poder ejecutivo que ya había intentado coaccionar con fuerza militar a otro órgano del Estado.

Lo sucedido este primero de mayo deja en claro que el último pilar de la débil institucionalidad democrática en el país que aún quedaba es el siguiente en ser desmantelado para construir sobre el poder total. 

Debemos pensar, si en realidad  buena parte de los votos que favorecieron a una mayoría legislativa en el poder del actual gobierno seducidos por la promesa de un cambio, estén de acuerdo en que se anule cualquier mecanismo de control institucional a un poder desmedido e imprudente, cuyas consecuencias pueden sufrirse por décadas.

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Debemos preguntarnos también si la comunidad internacional, más allá de discurso, tome acciones que dejen claro que no se avala  este tipo de acciones.

La Corte Suprema de Justicia, es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. 

Desmantelarla por decreto es dejar sin  protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los 3 poderes del Estado. 

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La acción sólo confirma lo que ya se  esperaba, que a partir del primer día el poder busque más poder. 

Es decir, sin controles, sin críticos, doblegar a quien se oponga desde el abuso de la facultad de legislar, de gobernar y desde el fin de tener control y poder total sostenido a fuerza del abuso de la confianza depositada a través del voto, y del abuso de la fuerza militar cuando ya no sean sostenibles promesas y mentiras y se empiece a despertar de la ilusión de muchos convertida en pesadilla.

Si concretan la destitución total de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ),  es una acción inconstitucional.

La Asamblea Legislativa tiene la facultad de hacerlo y los votos necesarios. Pero ese poder debe ejercerse con medida y conforme a estándares internacionalmente reconocidos. 

Más que una crisis institucional, lo que está claro es la ambición de control total concretada,  y ello significa que buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales para garantizarles impunidad, cuando las consecuencias de estas acciones afecten y dañen a la población.