Obligado a estar exiliado por una embajada salvadoreña

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Por Oscar Orellana

Manila, Filipinas. Héctor Armando Quevedo es un expolicía de origen salvadoreño, de 39 años de edad, que llegó a Filipinas en agosto del año 2016, luego de finalizar una misión con las Naciones Unidas en Timor Oriental, en el sudeste asiático. Allí conoció a su compañera de vida –de origen filipino–, y juntos decidieron visitar a la familia de ella en la región de Mindanao, al sur de la capital filipina.

Al estar en esta región, Quevedo enfermó e ingresó a un hospital en octubre de 2017 debido a una neumonía que le afectó el pulmón izquierdo, órgano que se le llenó de agua y que prácticamente ha perdido en su totalidad.

Desde que ingresó al hospital, Quevedo solicitó ayuda a la Embajada de El Salvador en Japón, presidida por Martha Lidia Zelayandía Cisneros. La entidad, en un primer momento, le manifestó que le ayudaría por su condición vulnerable.

La condición de Héctor empeoró una vez ingresado en el hospital, y debido a que no contaba con ingresos, su preocupación aumentaba cada día, en especial, luego de acumular un total de 6 meses de tratamientos médicos.

Audio Héctor Quevedo

Abandonado al otro lado del mundo

La Embajada de El Salvador en Japón es una misión diplomática de carácter regional que incluye, dentro de sus responsabilidades, la asistencia a salvadoreños en naciones como Filipinas y Singapur, entre otras, además de aquellos que residen en el país nipón.

La ayuda que Héctor solicitó era de carácter económico y de repatriación a El Salvador. Sus familiares en El Salvador también se pusieron en contacto con Irma Rodas, Directora de Asistencia y Protección para los Salvadoreños en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde su ingreso hospitalario en octubre de 2017, hasta enero de este año, y según registros de mensajes de texto a través de WhatsApp, la respuesta para su pedido de auxilio nunca llegó.

El silencio de las autoridades salvadoreñas representaría una violación a la Ley Orgánica del Servicio Consular que dice, de manera textual, lo siguiente:

Art. 109.“Los funcionarios consulares prestarán su asistencia a los salvadoreños desvalidos o enfermos sin medios de ganar la subsistencia para que sean admitidos en los Establecimientos Públicos de Beneficencia y excitarán, entre las naciones de su Distrito la caridad privada a favor de los mismos. En casos extremos y conforme a las instrucciones que les diere el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberán conceder los socorros indispensables con cargo al Estado”.

 Art. 110.– “Es deber de los funcionarios consulares facilitar en cuanto dependa de su intervención o apoyo, la repatriación de los salvadoreños que existan en su Distrito y concederles moderados auxilios cuando tuvieren fondos para ese fin y estuvieren autorizados para gravar con ellos al Estado”.

En caso de no disponer de fondos, los salvadoreños en dicha parte del mundo pueden solicitar la repatriación al Ministerio de Relaciones Exteriores. También podrán presentarse ante los capitanes de buques o empresas de transporte nacionales para obtener su traslado al país.

Cobros adicionales por trámites de rutina

Si bien la Embajada de El Salvador en Japón es la única que brinda amparo a los salvadoreños en el sudeste asiático, diversas fuentes, entre ellas, testimonios de compatriotas en esa parte del mundo, afirman que, para trámites “sencillos” como la renovación del pasaporte, las autoridades consulares solicitan un cargo “adicional” por gastos de envío.

Dicho trámite debe realizarse por medio del portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, que brinda citas en el consulado del país donde se encuentre el ciudadano. Además, estas citas deben ser coordinadas por la Embajada Regional de El Salvador en Japón. Según el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, el costo del pasaporte es de 60 dólares estadounidenses.

La Embajada, sin embargo, no coordina las citas con los consulados como afirma el portal electrónico, y solicita a la persona que pague otros gastos de “envío” que, por lo general, son más altos que el mismo costo del pasaporte. En este sentido, la misión diplomática solicita 5 mil yenes por el envío de Japón al país de destino, en este caso Filipinas, y otros 2 mil 500 pesos filipinos por el envío de los documentos desde Filipinas a Japón. De lo contrario, ponen como opción viajar a Japón para recoger el documento. En total, el pasaporte, con los gastos de envío, haciendo la conversión a dólares, costaría más de 150 dólares estadounidenses.

El portal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores dice, específicamente, que el costo por el pasaporte en el resto del mundo es de 60 dólares americanos y no es oficial el envío de dinero “adicional” para otros gastos.

No obstante, un correo electrónico redactado en inglés, y enviado a María Josefina Ortigas Duarte, Cónsul Honoraria de El Salvador en Manila, por parte de Irma Lidia Ortega, oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, muestra con claridad que la remitente le recuerda a la funcionaria consular “incluir los cargos: 60 dólares estadounidenses más los costos de envío” para la tramitación del mencionado documento.

Irregularidades como esta contribuyeron a que el caso de Quevedo se complicara, ya que, estando en el hospital, necesitaba la renovación de su pasaporte. Su solicitud fue enviada en febrero de 2017, más no recibió el documento sino hasta once meses más tarde, en diciembre de dicho año.

Prisión hospitalaria

Afortunadamente, Héctor Quevedo logró sobrevivir a su enfermedad en el hospital, y en marzo de 2018 le dieron de alta. Pero, la cuenta era demasiado alta para las posibilidades de Héctor, ya que ascendía a los 400,000 pesos filipinos (7,404.78 dólares americanos).

El hospital no le permitía salir si no pagaba. Su compañera de vida se empezó a movilizar con abogados públicos y lograron llegar a un acuerdo con el centro médico. Quevedo logró obtener un préstamo de 100,000 pesos filipinos (dos mil dólares americanos) y pagarlos al hospital, mientras que su pareja le entregó un cheque posfechado, pagadero en 2018, por el resto del monto de (313,260 pesos filipinos).

La ayuda que en un primer momento ofreció la Embajadora de El Salvador en Japón, nunca llegó. Ahora, Héctor reclama justicia a las autoridades salvadoreñas y se avoca a ley para denunciar “la omisión del deber de socorro”, tipificada en el artículo 175 del código penal de El Salvador.

El consulado honorario de El Salvador en Filipinas fue el único ente del gobierno salvadoreño que le brindó información de ayuda, por ejemplo, a dónde encontrar centros de refugio en Filipinas.

Al salir del hospital, Héctor solicitó a la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) ayuda económica para poder regresar a El Salvador. Ellos estuvieron de acuerdo en ayudarle en su repatriación, pero le pidieron un requisito: una carta de la Embajada de El Salvador en Japón en la que transfirieran el caso a la organización y reconfirmaran su estado de vulnerabilidad para su repatriación.

La embajada no respondió a dicha petición, y la respuesta e instrucciones al consulado honorario de El Salvador en Filipinas, de acuerdo a la Cónsul María Josefina Ortigas Duarte, fue que Héctor poseía un estado de salud vulnerable y limitados recursos económicos. No obstante, aseguraba la embajada, Quevedo no era una persona indigente, por lo que no se le podía emitir una carta, ni tampoco el consulado podía emitir misiva alguna, según se constataba en el correo electrónico enviado por la ministra consejera de la Embajada de El Salvador en Japón, al Consulado Honorario en Filipinas.

Más problemas

Para Héctor, los problemas continuaron. En junio de 2018, su pareja fue detenida por el cheque posfechado que había brindado, siendo acusada de estafa. Quevedo se mantuvo en un lugar de refugio caritativo de hermanos Franciscanos, quienes también le brindaron asistencia legal para ese caso.

Héctor consiguió que otra ONG le ayudara con la repatriación de él y sus dos hijos (uno de 5 años y otro, de 1 año y 9 meses) para la primera quincena de septiembre de 2018, por lo que inició el proceso para obtener los visados de sus dos vástagos, de nacionalidad filipina.

Quevedo tenía dos opciones: solicitar las visas para sus pequeños (debido a que las personas de nacionalidad filipina necesitan visa para ingresar a El Salvador), o pasar por un proceso más largo de registrarlos y obtener el pasaporte salvadoreño para ambos, debido a que uno de los padres es salvadoreño por nacimiento.

En aquel momento, tenía el reloj en contra. La ONG había comprado ya su boleto, que podía utilizar en la primera quincena de septiembre, mientras que las autoridades migratorias filipinas le habían dado fecha límite para salir del país, debido a que le condonaron una deuda por no renovar su visa de turista. En Filipinas, una persona, al ingresar como turista, tiene que renovar su visa después de 30 días y el monto promedio es de $150 por dos meses.

Pero la embajada salvadoreña no le agilizó los visados de sus dos hijos. Es más, solamente le proporcionaron un acta notarial con la que supuestamente podría salir de Filipinas con los niños. Sin embargo, según las leyes migratorias de dicha nación, para poder ir al país de destino es necesario contar con visas (si es un requisito para dicha nacionalidad) antes del vuelo, de lo contrario las aerolíneas no permiten el abordaje.

Audio María Josefina Ortigas Duarte, Cónsul Honoraria 

 

A Héctor le manifestaron que el proceso de visado duraría solamente tres días, por lo que el 9 de agosto de 2018, envió toda la documentación y los pagos respectivos a la Embajada de El Salvador en Japón, para obtener el visado de sus dos hijos. Sin embargo, tres días después, le comunicaron que la embajadora se encontraba de vacaciones.

Según se puede constatar en un correo electrónico con fecha del 31 de agosto de 2018, la embajadora todavía se encontraba de vacaciones.

Héctor finalmente recibió los pasaportes. No le envíaron las visas que ya había pagado, en su lugar solo estamparon un sello a los pasaportes de sus dos hijos, para indicar que estaban exentos del visado.

Después de este largo y difícil proceso, Héctor logró regresar a El Salvador. Al llegar a su país, tuvo que pagar nuevamente la visa de turista para sus dos hijos, como se observa en la siguiente imagen.